María Paz, viuda de un comandante del Yak-42: “La resolución de Cospedal es una tomadura de pelo. Una chapuza nacional”

Los familiares de las víctimas se han mostrado disconformes con la respuesta del Gobierno al recurso de reposición presentado el pasado 31 de mayo

Como el que da un portazo al pasado y pretende cerrar una herida abierta a flor de piel, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, desestimó el pasado 13 de julio el recurso de oposición interpuesto por 24 familiares de las víctimas del Yak-42. En él, solicitaban una nueva indemnización por los daños patrimoniales ocasionados por el Estado en un accidente que costó la vida de 75 personas, 62 de ellos militares.

“No puede sumarse una nueva indemnización por responsabilidad patrimonial, como pretenden los recurrentes, pues con ello se excede, como es el caso, la reparación adecuada por aquellas vías de los daños y perjuicios ocasionados”. Así afirma en uno de sus puntos el polémico escrito firmado por Cospedal, con el que ha vuelto a dar la espalda a unas familias que sólo pretenden hacer justicia, y solicitan un reembolso de 50.000 euros por viuda y 25.000 por huérfano.

Todo ello con el fin de cubrir los gastos derivados de una batalla judicial que han ascendido, durante estos 14 años, a una media de 50.000 euros por familia. “Esto es una auténtica tomadura de pelo. Una chapuza nacional”, afirma a ELPLURAL.COM María Paz Fernández, viuda del fallecido Comandante Ripollet, para quien el Estado ha indemnizado a todas las víctimas con una cuantía mucho inferior a la de otros países en casos similares.”Incluso con el grave incendio de Guadalajara en 2005, la ministra de Defensa tuvo más condescendencia… Parece que hay víctimas de primera y de segunda. Es algo vergonzoso.”, sostiene.

Lo que María Paz destaca con indignación a este diario es la falta de tacto y la “absoluta ausencia de responsabilidades económicas en lo que se refiere al acceso a la justicia, al coste de los abogados, a la proyección profesional de los militares fallecidos y al dinero percibido por las aseguradoras”.

“Con el fin de evitar cualquier responsabilidad, lo primero que hizo el Ministerio de Defensa tras el accidente, fue reunirnos y decirnos: ‘búsquense unos abogados’”, recuerda. Sin embargo, muchas de las personas fallecidas en el fatídico accidente eran funcionarios del Estado, y como tal, sus familiares tendrían que haber accedido a la justicia de forma gratuita, y no, como asegura Fernández, “por su propio pie y con el dinero de sus bolsillos”.

Para dar cuenta del rechazo a esta nueva resolución del Gobierno, los familiares han elaborado un escrito al que ha tenido acceso ELPLURAL.COM, donde desestiman la respuesta de la ministra de Defensa y citan las razones por las que sí es procedente recibir una nueva indemnización por los daños patrimoniales ocasionados y para recuperar el dinero invertido desde el accidente.

“Este caso se ha intentado resolver a golpe de carpetazo por parte del Ministerio de Defensa español y por parte del mismo Gobierno. Y las consecuencias han sido desproporcionadamente más desastrosas que la misma tragedia”, sostiene en uno de sus párrafos.

¿Qué hay de la proyección profesional de las víctimas?

Pero no es sólo el coste de abogados y los gastos ocasionados durante los últimos años. Estas familias también se enfrentan a la falta de reconocimiento de las proyecciones profesionales de sus seres queridos, que como empleados del Estado, tenían un futuro laboral [alguno de ellos muy prometedor].

En el caso del marido de María Paz, quien su alto cargo militar le llevó a colaborar con científicos y servir de apoyo en importantes investigaciones en la Antártida la indemnización percibida no ha estado en función a lo que en el terreno profesional este trabajador del Estado podría haber alcanzado.
“Hay funcionarios que han desempeñado el mismo trabajo que entonces llevaba a cabo mi marido y que hoy en día ostentan altos cargos en empresas muy importantes. A eso me refiero, a la proyección profesional que no ha tenido en cuenta este Gobierno. Por esto también solicitamos más indemnización”, afirma.

Pero el Estado sigue escatimando. Tal y como relata esta mujer, se les ha acusado de “peseteros” y de buscar beneficio económico. “Es vergonzoso que nos acusen de algo así cuando fue el propio Gobierno el que se llevó el dinero procedente de las contrataciones de los aviones. Es alucinante que lo afirmen aquellos que no se cortan un pelo en hacer mordidas y robar dinero a mansalva”, denuncia.

Y es que no sólo vale reconocer el daño patrimonial y la responsabilidad del Estado en la tragedia del Yak-42. “También queremos que nos devuelvan lo que no hemos podido percibir, porque todo el dinero de las aseguradoras lo hemos tenido que invertir judicialmente. Y qué menos que devolvernos lo que nos pertenece a cada familia, a cada viuda, a cada huérfano. No pedimos tanto”, apostilla

Pocas luces, demasiadas sombras

Pocas luces y muchas sombras…También reuniones a puerta cerrada, como la que tuvo lugar el pasado 31 de enero entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la Junta Directiva de la Asociación de Víctimas del Yak-42. Durante más de hora y media en la Moncloa, el Rajoy se comprometió a buscar la fórmula “para que el Estado proporcionara una reparación “moral y jurídica”, tras años buscando “la verdad y la justicia” en tribunales y administraciones.

Pero en ella no estuvieron presentes todos los integrantes de la asociación. “Tanto los que forman parte de ella como los que no formamos, no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho: salir en fotos oficiales con el Gobierno, dar carpetazo, y cerrar filas”.

A juicio de Paz Fernández, el contacto entre las familias y el Gobierno ha sido “superficial y de cuatro personas”. “No es el sentir del resto. El Estado cree haber cumplido con las víctimas reuniéndose y prometiendo cosas que luego no han hecho. Estos ‘amiguismos’ no nos representan”, sostiene.

Recientemente, la propia asociación de víctimas afirmó estar en desacuerdo con la actuación del Gobierno, en una reunión interna. “Así que todo es una fachada superficial con el único propósito de quedar bien. Porque lo único que ha pretendido el Estado ha sido cerrar una herida que todavía permanece abierta”, añade.

A pesar de este nuevo conflicto con el ministerio de Defensa, las familias no pierden la esperanza. “Contamos con mucha gente que se ha ofrecido a ayudar a reabrir este caso e iniciar todos los trámites judiciales necesarios por las vías de lo civil y de lo penal. Contamos con abogados muy importantes que se han puesto en contacto con nosotros. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, seguiremos luchando hasta que se haga justicia”.

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Autor: faloymunoz

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